Parteras, sembradoras de vida en las comunidades, en peligro de desaparecer
Posted By Carolina Bedoya On marzo 2, 2014
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México.
Su trabajo no es solamente acomodar al niño que nacerá o dar baños de
hierbas a las recién paridas. Las parteras de comunidades nahuas de la
Huasteca hidalguense cumplen un rol fundamental en la cosmovisión de las
comunidades, pues guían los primeros pasos y valores comunitarios de un
niño, expone la investigadora y acompañante Teresa Oñate. Las prácticas
de las instituciones oficiales de salud –que pretenden disminuir los
nacimientos y la mortalidad materna- las colocan en riesgo, agrega.
“El problema no es que les
exijan la certificación”, precisa la investigadora, “sino todos los
pretextos que se tejen alrededor de ellos y la lucha de poderes, entre
los saberes médicos y los saberes de las comunidades”.
La ama de casa e intérprete
nahua Irma Martínez denuncia que el personal médico, auxiliar y
administrativo de las clínicas, centros de salud y hospitales amenazan e
incluso faltan al respeto a las parteras y a sus pacientes por su
condición de indígenas, lo que significa una desacreditación a una
práctica ancestral.
“Más mujeres se han muerto en el hospital que con las parteras”
La partería nahua en las
más de 20 comunidades que conforman los municipios de Yahualica,
Xochitiapan y Huautla, en el estado de Hidalgo, es una práctica
ancestral y un servicio comunitario de salud que se transmite de
generación en generación. El tener una partera en el pueblo era
invaluable debido a su extenso conocimiento y al misticismo del ritual
que significa la asistencia tanto en el embarazo como en el
alumbramiento y el puerperio.
Actualmente hay pocas
parteras en las comunidades, por una parte porque el sistema de salud se
encarga de amedrentarlas y erradicar la costumbre ancestral, denuncian
estas mujeres nahuas, o porque muchas mujeres deciden no adoptar el
oficio que realizaban sus abuelas y madres. Por ello, el legado, la
transmisión del conocimiento, la preservación de su cultura y costumbres
están en peligro, señala Irma Martínez, mujer nahua que, además de
dedicarse al hogar, acompaña y funge como intérprete de a alrededor de
25 parteras hidalguenses.
La práctica de las parteras
no es un trabajo ni una opción. Irma Martínez explica que tiene un
trasfondo divino: ellas vienen de los sueños, ahí les dicen cómo deben
atender, que tienen que lavar ropa de la madre y del bebé, les indican
cómo cortar el cordón umbilical y qué hierbas deben darle a las mujeres
embarazadas. El sueño es recurrente y es una señal de que deben adoptar
el oficio, y si las mujeres no hacen caso se enferman a tal grado que
llegan a encontrarse al borde de la muerte.
Aceptar el don implica un
compromiso muy fuerte y abstinencia sexual –aun si están casadas, en
cuyo caso se vuelven “hermanas” del marido-, explica la investigadora
Oñate. “No podemos dejar solas a nuestras pacientes, a cualquier hora
vamos”, testificó una de las mujeres en el TPP.
La “voz de las parteras”,
como se autodenomina Irma Martínez, narra la experiencia de una de las
mujeres: “Ella soñaba cómo le decía la virgen que tenía que ser partera,
cómo debía atender al bebé y a la paciente. Ella no aceptaba ser
partera, pero varias veces soñó a la virgen, se empezó a enfermar y ya
no se podía levantar. Ya no tuvo hambre”. A raíz de los numerosos
malestares, los padres de la partera tuvieron que buscar a un curandero
para que la tratara y pudiera así ejercer el oficio, pues de no hacerlo,
moriría.
Es vasto el conocimiento
que las parteras poseen para tratar a las mujeres embarazadas. Son
expertas en plantas medicinales y pueden ayudar a que la bebé se acomode
si está en una posición que pueda ponerla en riesgo. También hacen
oración, tanto por la madre como por el nuevo ser que está por nacer,
pues consideran que Dios es quien hace el trabajo y ellas sólo asisten.
Además saben cómo recibir a la recién nacida y cómo acercarla a su
madre. “Por eso vale nuestro trabajo”, afirmaron en el TPP.
Los médicos desconocen
estos detalles, afirma Martínez, pero insisten en decirle a las
embarazadas que no se atiendan con las parteras porque es riesgoso. La
intérprete precisa que “más mujeres se han muerto en el hospital que con
las parteras”.
Su labor, sembrar a los que respetarán a la comunidad
Cuando una mujer conoce que
está embarazada, ella o su familia invitan a la partera a intervenir.
“A partir de ese momento, queda arraigada en la comunidad porque tiene
que estar pendiente de la mujer de tiempo completo y la atiende en su
lengua”, relata Teresa Oñate.
“Tienen que enterrar parte
de mi cuerpo para que yo dé fruto, como el maíz”, le explicó una mujer a
Oñate para que comprendiera por qué las parteras entierran la placenta
del niño recién nacido.
Al momento de enterrar la
placenta –que se considera un igual del niño y es sagrada-, la partera
le da uno de sus nombres al bebé. “No como quiera la sembramos, primero
pedimos a Dios, prendemos una vela y le damos de beber a la Madre Tierra
con aguardiente y un poco de tabaco y copaleamos, porque así pedimos
que el niño crezca como debe de ser”, relató una de las parteras nahuas
en la audiencia. No lo hacen en cualquier lado, sino en casa del niño,
“así sabrá dónde nació y dónde está sembrada su placenta, y sobre todo
sabrá a qué lugar pertenece”, explicó. “Eso es arraigo y es sagrado, el
ser bien sembrado en la comunidad”, indica la investigadora de
Desarrollo Rural. “Si esto se pierde, se pierden valores también”.
La partera no solamente
recibe a la bebé, sino que cocina, enseña las artes de ser mamá y lava
la ropa durante 15 días. El periodo se cierra con un baño ritual de la
madre y el niño. “Es una fiesta comunitaria que es como una
presentación. El niño desnudo se baña sobre una niña, o al revés, se
acerca la gente para ser padrino y todos comemos y compartimos la
alegría y la comida del recién nacido. Todos se enlazan y se hacen su
familia. Los niños de comunidad son de todos, y los ojos de todos lo
cuidarán”, indica.
“Son guardianas de normas y valores, y si las atacas, pones todo este sistema en riesgo”, señala Oñate.
La criminalización de la práctica
Parteras nahuas de las
comunidades huastecas de Santa Teresa, Crisolco, Zacayahual,
Chompetetla, Tenamaxtepec, Zoquitipan, Texoloc, Acatipa, Acatepec y
Axtitla, entre otras, denuncian que los programas gubernamentales de
salud imponen una forma de reproducción que atenta contra la cultura y
tradiciones, arrebata a las familias su autodeterminación reproductiva
con engaños, dificultan y criminalizan el ejercicio de la partería y
fuerzan a quienes la ejercen a realizar acciones contrarias a sus
convicciones.
Las prácticas que ponen en
riesgo el ejercicio de la partería vienen de la intención de cumplir los
llamados Objetivos del Milenio –metas acordadas por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, que serán revisadas en 2015.
Entre los objetivos se encuentra reducir la mortalidad materna, lo que
en México no se ha conseguido, señala la investigadora Teresa Oñate.
“La mortalidad materna es
multifactorial. Las mujeres no se mueren de parto por ser atendidas por
una partera; al contrario, en las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) está que se cuente con ellas y se aprovechen
sus conocimientos, no que se les quite el trabajo. Aquí se ha
malentendido, desgraciadamente”, explica Oñate.
Para que su práctica sea
legal, a las parteras se les exige certificarse –a través de un programa
incluido en la Ley General de Salud, que busca mejorar sus competencias
médicas-, pero el presupuesto para apoyarlas con el pasaje o la comida
de los días de curso es insuficiente. Teresa Oñate recuerda que estas
mujeres viven en comunidades alejadas, de difícil acceso, y que tienen
que caminar muchas horas para llegar al centro donde los médicos
impartirán la certificación, y a veces no probarán bocado. “En una
ocasión, se llevaron a una a un acto en Pachuca (la capital de Hidalgo),
donde le entregaron un equipo precioso para su trabajo y le tomaron
fotos. Cuál sería la sorpresa, que al terminar el acto le recogieron la
maletita y no volvió a ver el equipo”, agrega Oñate.
A quienes ya están
certificadas, les prohíben usar hierbas y sobar a las mujeres, e incluso
atender partos –tienen que enviar a la parturienta a la clínica u
hospital más cercano-, bajo la amenaza de encarcelarlas si “algo” le
pasa a la paciente. Una vez en la clínica, les prohíben acompañar a la
mujer, “como las ven indígenas, abuelas y descalzas, sin respetar que
son las que más conocen a la parturienta y toda su experiencia”, señala
la investigadora. Y si la partera atiende a la mujer, niegan o retrasan
los certificados de nacimiento para que las familias prefieran atenderse
en las clínicas.
Los médicos, además,
utilizan sus servicios cuando les conviene –pues reducen enormemente el
costo de tener personal médico en las comunidades- pero en otros
momentos les faltan al respeto y las regañan como si fueran niñas,
considera la investigadora radicada en la Huasteca, sin tomar en cuenta
que son mujeres que llevan decenas de partos atendidos, mientras los
médicos muchas veces han atendido pocos o ninguno.
Las instituciones también
tratan de aprovecharse, pues intentan forzarlas a realizar tareas
distintas a las marcadas por su don, como llevar registros de
embarazadas, meterse a las casas a promover los anticonceptivos –cuando
ellas deben ser invitadas por la familia para realizar su trabajo-, y
convencer a las mujeres de que se operen para no tener más hijos.
Los resultados de estas
dificultades y amenazas ya se pueden ver. En las comunidades cercanas a
Huejutla, una de las ciudades más importantes de la Huasteca
hidalguense, ya no hay parteras, pues dicen que está “muy duro” y ellas
sufren al no poder ejercer el don que les fue enviado, e incluso “se
enferman”, explica Oñate. Además, se registra un fuerte descenso de la
cantidad de niños nacidos, al grado de que en algunas comunidades, como
Piltepeco, las escuelas –obtenidas a través de la lucha de los
habitantes- serán cerradas. “Las comunidades están envejeciendo”, resume
Oñate, quien aventura que el interés en despoblar la zona puede
relacionarse con la implementación de proyectos extractivos.
Para las familias, estas
medidas –que intentan forzar a las parturientas a atenderse en clínicas
oficiales- también tienen repercusiones. De ser una alegría, el
nacimiento de un bebé se convierte en una preocupación por los gastos
que implican el traslado y la hospitalización. “Se jala algo que estaba
en el ámbito autosustentable, como el nacer, al mercado”, define la
investigadora. El gasto también implica que la familia no pueda ofrecer
la comida comunitaria de presentación del niño, y se pierde ese ritual
tan importante para hermanarlo con su comunidad, agrega Oñate.
Además, insiste, con la
práctica de cesáreas innecesarias, la familia “pierde” a la mujer,
madre, esposa y trabajadora hasta por un año, pues “para ellos es una
cirugía de la que se deben recuperar bastante tiempo, y ellas hacen
mucho trabajo pesado”.
Pero hay otras
consecuencias, como la pérdida del sentido de comunalidad, pues los
ritos destinados a que la recién nacida respete a la tierra y la
comunidad, y a que el resto de la gente la considere su familia, se
pierden. “En las comunidades ya hay una división entre los niños que
nacen de partera y fueron sembrados, ‘los que sí respetan’, de los que
‘niños de clínica’, que la gente considera que no lo hacen”, detalla
Teresa Oñate.
“Y hay otras cosas que no
podemos ver todavía, como el qué sucederá con todos esos niños nacidos
en clínicas fuera de su comunidad. Su certificado de nacimiento no los
pone como oriundos de su pueblo, y para los programas de tierra, de
catálogo de comunidades indígenas, puede ser un problema”, aventura
Oñate.
“Se están alterando espacios y elementos que son fundamentales en la reproducción de la cosmovisión”, resume la investigadora.
Violencia por partida doble: discriminación y criminalización
Ante la creciente
criminalización de la partería en comunidades de Hidalgo, Simón
Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, calificó como “grave” que la sabiduría ancestral de las parteras
esté en peligro y que sean perseguidas por el Estado, pues violenta sus
derechos por partida doble; por una lado se discrimina las prácticas de
los pueblos indígenas y por otro se criminaliza un oficio plenamente
reconocido por la legislación mexicana.
Y es que muchas mujeres
dedicadas a este oficio han sido amenazadas y hostigadas en los últimos
años por instancias de salud en Hidalgo, a pesar de que en existen
instrumentos internacionales y nacionales en donde están reconocidos los
derechos de los pueblos indígenas en cuanto a la libre determinación y
autonomía.
Respecto al tema de salud
indígena y el derecho a preservar sus costumbres, el principal
instrumento donde se reconoce es en el Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en los artículos 2 y 4 de la Constitución mexicana.
“La problemática de las
comunidades en Hidalgo muestra una relación violenta con el gobierno,
que no reconoce las formas de organización y de administración de salud
de los pueblos. Y cuando se discrimina, se genera una criminalización de
todo lo que el Estado considera que deben o no pueden hacer, se afecta
la forma de subsistencia y lejos de favorecer la relación con los grupos
indígenas, la empeora, pues el sistema normativo lo considera
incivilizado o desviado”, condena el abogado.
En Hidalgo existe la Ley de
Derechos y Cultura Indígenas, que en su artículo 13 señala que los
pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus prácticas de salud con
sus propias medicinas tradicionales y a la capacitación, actualización y
certificación de los médicos tradicionales.
Simón Hernández precisa que
el problema es que las prácticas de los pueblos pasan por la validación
del Estado. “Ejemplo de ello es que las parteras sean incorporadas al
sistema de salud, y para ello deben tener un reconocimiento formal para
que puedan ejercer, entonces siempre hay esta discriminación histórica
en cómo se reconocen estos saberes, lo cual no debería existir”.
“Siempre hay una relación
de infravaloración entre nuestra sociedad y la indígena, pues mientras
acá tenemos médicas, los pueblos tienen parteras o curanderos, y
mientras tenemos sistemas normativos, ellos tienen usos y costumbres”,
compara el defensor de derechos humanos del Centro Prodh. El Estado se
ha visto obligado al reconocimiento de estos derechos, centro de la
lucha de los pueblos indígenas del siglo XX; sin embargo, la relación de
igualdad sigue siendo una asignatura pendiente, resume.
Un diálogo entre iguales
La investigadora Teresa
Oñate expone que la lucha de las parteras es porque se reconozca su
labor como una institución cultural. “El embarazo, el parto y el
puerperio tienen que ser considerados como un evento etnomédico, no sólo
como una cuestión de salud, igual que el espanto y la sareada. Son
eventos médicos entretejidos con cosmovisiones que no puedes tachar,
porque la gente se te muere”, detalla.
Se trata, expone la
investigadora, de reconocer otras dimensiones del saber y a la partería
como parte de un sistema médico indígena. Las parteras están contentas
con certificarse, pues desean mejorar sus conocimientos y valoran mucho
poder reconocer signos de complicación como la preclampsia y tener
alternativas –como clínicas u hospitales- para estos casos, asegura
Oñate, quien acompaña a estas practicantes del don. Pero, sobre todo,
exigen respeto a su labor.
La OMS recomienda hacer un
diálogo entre los saberes médicos de ambos sistemas pero en un plano de
igualdad, “no de sumisión, como es en realidad”, insiste Oñate. “Y hay
que tener condiciones para que, cuando las parteras reconocen que a una
mujer no la pueden atender por sus complicaciones, se le pueda dar otra
atención. Se necesitan helicópteros, clínicas más cercanas,
descentralizar el sistema médico de segundo o tercer nivel, un sistema
de comunicación efectivo con ellas, y sobre todo que puedan elegir si sí
o si no derivarán a sus pacientes”. Otro punto necesario es que los
médicos también se capaciten y sensibilicen, agrega.
Sobre todo, se necesita una
revalorización de la labor de la partera. “Quien las tiene que evaluar y
certificar son las comunidades”, define la investigadora. “En
contraparte, el Sector Salud tiene que apoyar mínimamente con los
pasajes, o venir a dar la capacitación a las comunidades céntricas”.
Las parteras no pueden
recibir sueldo o dinero, pero sí apoyos a través, por ejemplo, de las
milpas del común. “Pero todo tiene que salir desde abajo, desde las
comunidades. No puede salir de arriba porque ya sabemos que viene
torcidito, no alcanza y no va a donde tiene que ir”, finaliza Oñate.
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